La pericia contable producida en la causa que investiga a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos descartó la existencia de lavado pero identificó puntos sin resolver que mantienen vigente la investigación sobre el posible enriquecimiento incausado del exfuncionario.
El informe, que demandó meses de trabajo a cinco equipos de peritos —una perito oficial y peritos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, la querella y las cuatro defensas—, reconstruyó el patrimonio de Insaurralde entre 2003 y 2023. Su conclusión fue unánime: los flujos de fondos relevantes del exfuncionario están bancarizados, declarados ante los organismos fiscales o instrumentados notarialmente, sin que se haya identificado documentación que acredite el ingreso de fondos de origen ilícito.
El peritaje abordó también el episodio que originó la denuncia: el viaje a Marbella, España, en septiembre de 2023, que la acusación había cuantificado en más de ocho mil dólares y cuarenta y un mil euros. Los peritos establecieron que el 26 de enero de 2023 Cirio le entregó a Insaurralde 250.000 dólares y 2.000.000 de pesos, respaldados por un documento con firma certificada ante escribano y declarado por ambos ante la AFIP. Verificada la capacidad económica de la aportante, el dictamen concluyó que Insaurralde contaba con los fondos para costear ese viaje.
Respecto de Clerici, también imputada, la pericia fue igualmente categórica: los expertos afirmaron no haber identificado "ningún elemento documental que dé cuenta de una o varias entregas de dinero" de Insaurralde a Clerici, ni por los 569.911 dólares reclamados ni por los bienes secuestrados en su domicilio.
Cirio resultó ser quien cuenta con mayor trazabilidad de ingresos en toda la causa: entre 2016 y 2023 cobró 700.825 dólares de Zumba Fitness LLC, verificados contra los registros del Banco Central y del Banco Galicia, además de facturación local por 163,9 millones de pesos. Las sociedades vinculadas al expediente —Sasaxa Libero S.A. y DOIO S.R.L./S.A.— registraron, según el informe, actividad comercial real, con empleados, facturación y bienes propios, lo que descartaría en principio que hayan operado como estructuras de pantalla.
Dos delitos, dos estándares de prueba
El resultado de la pericia motivó a la defensa de Insaurralde a solicitar el archivo total de la causa, según trascendió. Sin embargo, quienes analizan el expediente advierten que el informe no habilita esa conclusión de manera automática, dado que lavado de activos y enriquecimiento ilícito son figuras con exigencias probatorias distintas.
El lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, requiere que los bienes provengan de un delito previo y que se haya ejecutado una maniobra para darles apariencia de origen lícito, presupuesto que la pericia no logró verificar en ningún tramo. El enriquecimiento ilícito de funcionario público, en cambio, tipificado en el artículo 268 inciso 2° del mismo código, no exige la prueba de una maniobra de lavado ni de un delito precedente identificado: basta con que el funcionario no logre justificar razonablemente un incremento patrimonial ocurrido durante o con motivo del ejercicio de su función.
La pericia identificó períodos en los que no logra explicar cómo se sostuvo económicamente el exfuncionario, lo que mantiene abierta esa segunda hipótesis.
Descartado el lavado, surge además una discusión sobre competencia jurisdiccional. La intervención federal en esta causa se sostuvo desde el inicio en la imputación conjunta de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, siendo este último delito de competencia federal por disposición legal expresa. El enriquecimiento ilícito de un intendente municipal, considerado de manera autónoma, correspondería en principio a la justicia provincial. Esa disputa, señalan quienes siguen el expediente, deberán darla las partes en la próxima etapa del proceso.
