El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, anunció que el oficialismo someterá a votación en la primera semana de agosto un paquete de reformas constitucionales y legislativas orientado a modificar de forma permanente el sistema electoral del país. "No van a volver a haber elecciones", según las palabras que el propio funcionario empleó para describir el alcance de los cambios, en línea con declaraciones previas del presidente Daniel Ortega.
Porras encuadró las reformas como una respuesta a lo que el oficialismo describe como un uso instrumental de los mecanismos democráticos por parte de sectores opositores. "Han utilizado la palabra democracia para realmente destruir la democracia del pueblo. Por eso se trata de la defensa de la democracia del pueblo nicaragüense. Es la democracia nuestra", declaró el titular del Parlamento al justificar el cambio normativo.
Coordinación institucional y consulta acotada
Para estructurar el nuevo marco legal, la Junta Directiva del Parlamento activó una coordinación directa con los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE). Según Porras, una vez que el texto esté redactado, se llevará a cabo una fase de consulta previa al plenario, aunque la misma quedará restringida a instituciones como la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y organizaciones sindicales afines al oficialismo. No quedó recogido en las fuentes disponibles si se prevé alguna forma de participación de la oposición o de organismos independientes en ese proceso.
"Una vez que tengamos esto listo, vamos a preparar, a organizar esto en forma de leyes, en forma de transformación legislativa (...) y nos proponemos que en la primera semana de agosto estar sometiendo a votación en la Asamblea Nacional las reformas", precisó Porras, quien agregó que todo el proceso se realizará en el marco de la carta magna vigente.
El objetivo declarado por el funcionario es que las reformas no dejen "ni un resquicio" legal que permita impugnar el nuevo esquema. El modelo al que apunta el oficialismo fue descripto como elecciones "al estilo nicaragüense", sin que Porras detallara en qué consistiría concretamente ese formato.
El anuncio se produce en un contexto en el que, según la información disponible, los principales referentes de la oposición nicaragüense ya han sido inhabilitados políticamente, despojados de la nacionalidad o forzados al exilio en los últimos años. Líderes de partidos independientes, defensores de derechos humanos y precandidatos presidenciales figuran entre los afectados por esas medidas.
Ante el anuncio de las reformas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y diversos organismos internacionales de derechos humanos emitieron pronunciamientos advirtiendo sobre la gravedad de la medida. La fuente no precisó el contenido específico de esas declaraciones ni las fechas en que fueron formuladas.
La aprobación está prevista en primera legislatura durante la primera semana de agosto. Lo que sigue después —si habrá una segunda legislatura, qué instancias de revisión existen o cómo responderá la comunidad internacional de manera coordinada— no quedó definido en el anuncio de Porras.
