El Poder Ejecutivo aceleró en los últimos días los trabajos internos para avanzar con una reforma del sistema electoral antes de las elecciones de 2027. Según pudo saberse, el presidente Javier Milei mantuvo reuniones con su equipo de confianza en las que se definió la hoja de ruta parlamentaria para el segundo semestre, con la modificación del esquema de votación como prioridad central de las negociaciones con gobernadores y con bloques de la oposición dialoguista.
Qué propone el oficialismo
Los puntos centrales de la iniciativa son tres. El primero y más saliente es la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Gobierno argumenta que su supresión implicaría un ahorro de recursos fiscales y una simplificación del calendario electoral. El segundo eje apunta a modificar el esquema de financiamiento de los partidos políticos durante las campañas. El tercero introduce cambios en el sistema de colectoras: se analiza la posibilidad de modificar la ley de Boleta Única de Papel para permitir que distintas fuerzas provinciales presenten candidatos al Congreso Nacional asociados a un único candidato presidencial.
Esta última propuesta surge como respuesta a la resistencia de varios gobernadores a aceptar la eliminación lisa y llana de las primarias. La alternativa de las colectoras les permitiría a los mandatarios provinciales mantener cierta autonomía para definir sus propias listas sin necesidad de celebrar una primaria separada.
La mesa de negociación y los plazos
Las conversaciones en el Congreso están centralizadas en una mesa política que encabezan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La estrategia del oficialismo consiste en utilizar el mes de agosto para construir las mayorías necesarias, con el objetivo de que el proyecto llegue con dictamen al recinto del Senado en septiembre.
Modificar las reglas electorales requiere mayorías absolutas en ambas cámaras, un umbral que La Libertad Avanza no puede alcanzar por sí sola. Eso obliga al Gobierno a negociar el contenido del proyecto con otros bloques y con los gobernadores, cuyo apoyo resulta determinante para avanzar.
En términos de calendario, el Senado tiene previsto sesionar el 16 de julio, antes del inicio del receso invernal. Las autoridades de la Cámara Alta ya fijaron el regreso al recinto para el 6 de agosto, fecha en la que se reactivarán formalmente las comisiones.
Otros proyectos en la agenda del segundo semestre
La reforma electoral no es el único frente legislativo que el Gobierno busca destrabar tras el receso. También se espera el tratamiento en el Senado de la reforma al Régimen de Zona Fría, que ya cuenta con media sanción y propone limitar los subsidios al gas residencial a la Patagonia, la Puna y la localidad mendocina de Malargüe. De aprobarse, el beneficio dejaría de aplicarse automáticamente en 55 ciudades de la provincia de Buenos Aires —entre ellas Mar del Plata y Bahía Blanca—, así como en localidades de Córdoba y Santa Fe.
Además, se prevé el ingreso de dos proyectos de carácter económico: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir por ley el financiamiento al Tesoro Nacional, y una nueva versión de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Esta última, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, apunta a incentivar el ingreso al circuito formal de parte de los aproximadamente 170.000 millones de dólares que, según estimaciones oficiales, los argentinos conservan fuera del sistema bancario, con foco en el sector pyme e inmobiliario.
El cronograma parlamentario definitivo dependerá en buena medida del resultado de las negociaciones que el oficialismo lleve adelante durante las próximas semanas con los actores políticos cuyo apoyo necesita para garantizar las mayorías requeridas.
