El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes a Julio De Vido y a José López a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de coautores. El fallo, unánime en la condena aunque con una disidencia parcial de la jueza María Gabriela López Iñiguez respecto de la calificación legal y el monto de la pena, cerró un juicio que se extendió a lo largo de 47 audiencias desde abril de 2024 y cuya investigación se remonta a casi veinte años atrás.
De Vido fue condenado en su rol de exministro de Planificación Federal; López, como exsecretario de Obras Públicas. Según sostuvieron los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset en sus alegatos, ambos actuaron de manera conjunta y coordinada con el exgerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa —también condenado a cinco años— para direccionar las licitaciones de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur hacia la empresa sueca Skanska, mediante el pago de sobornos, facturas falsas y sobreprecios en las obras.
Las penas y el decomiso
El tribunal condenó además a directivos y gerentes de Skanska: Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate recibieron cuatro años de prisión como coautores de cohecho activo en concurso ideal con administración fraudulenta. Otros exdirectivos —Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Roberto Zareba, Alfredo Greco y Adrián López— fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso, con obligación de fijar residencia y someterse a un patronato de liberados.
El fallo también ordenó el decomiso de $34.594.947,34 como producto del delito de administración fraudulenta y de $14.017.588,69 por cohecho, montos que deberán actualizarse a la fecha de ejecución. Los jueces Gorini y Costabel votaron en mayoría; la jueza López Iñiguez firmó en disidencia. La publicación de la sentencia escrita quedó fijada para el 22 de septiembre de 2026.
Una causa que casi no llegó a juicio
El expediente se originó en 2006, a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y una nota periodística sobre una red de empresas fantasma que Skanska habría utilizado para evadir impuestos y pagar coimas. La instrucción estuvo a cargo del entonces juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. En 2011, la Cámara Federal sobreseyó a varios de los investigados y la causa quedó al borde de su cierre.
La reactivación llegó con la validación de un audio obtenido durante un allanamiento, en el que Javier Azcárate, directivo de Skanska, reconoció ante un auditor de la propia empresa haber pagado sobornos para quedarse con contratos de obra pública y haber usado facturas falsas para justificar los pagos. En esa grabación, Azcárate señaló que el monto del soborno equivalió a un 5% del contrato total —valuado en 100 millones de dólares— y que ya sabían de antemano que ganarían la licitación. "Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos", dijo, según recoge una de las fuentes.
La Cámara Federal había descartado ese audio por considerar que Azcárate fue grabado de forma subrepticia y sin orden judicial. Pero en 2015 la Corte Suprema abrió la puerta a validarlo, y la Cámara Federal de Casación Penal lo incorporó finalmente a la causa con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Con la grabación como prueba central, el fiscal Stornelli impugnó los sobreseimientos y el expediente cobró nueva fuerza.
Para De Vido, la condena de este lunes es la quinta por hechos de corrupción: se agrega a las penas por la compra de los Trenes Chatarra (4 años), por sobreprecios en la importación de GNL (4 años), por la causa Odebrecht (3 años en suspenso) y por la tragedia de Once (4 años, confirmada por la Corte Suprema, que cumple bajo arresto domiciliario en Zárate). López, por su parte, también enfrenta acusación en la causa Sueños Compartidos; en el expediente de Vialidad y la causa de los bolsos del convento ya pesa sobre él una pena unificada de 13 años de prisión, según informa una de las fuentes. Ninguna de las nuevas condenas está firme hasta tanto se agoten las instancias de apelación.
