La llamada "Causa Seguros", que investiga presuntas irregularidades en la contratación de pólizas durante la gestión de Alberto Fernández, ingresó en una nueva etapa de instrucción tras una resolución de la Cámara Federal de Casación que dejó sin efecto el procesamiento del exmandatario y ordenó profundizar la investigación antes de adoptar una decisión definitiva.
El expediente, que se encuentra bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, incorporará una extensa pericia contable a cargo de especialistas de la Corte Suprema con experiencia en causas de corrupción. El objetivo del estudio es determinar si el esquema de contratación de seguros generó un perjuicio económico para el Estado y, de ser así, precisar su magnitud.
Las defensas y las demás partes del proceso presentaron cerca de un centenar de puntos periciales. Lijo deberá definir cuáles de esos planteos serán incluidos en el análisis técnico, un volumen que anticipa un proceso de considerable extensión.
Mientras las diligencias se completan, la situación procesal de Fernández y del resto de los imputados permanece en suspenso. El juez no podrá resolver si corresponde un nuevo procesamiento hasta contar con los resultados del peritaje y del resto de las medidas ordenadas por la Cámara.
Además de la pericia contable, Lijo ya incorporó nuevas declaraciones testimoniales solicitadas por la defensa del exmandatario. Entre los convocados figuran la exsecretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, el expresidente del Banco Central Miguel Pesce y el exministro de Economía Martín Guzmán.
Qué investiga la causa
La investigación tiene como eje el funcionamiento del sistema de contratación de seguros implementado durante la presidencia de Fernández, en particular a partir del decreto que estableció que los organismos nacionales debían contratar sus pólizas a través de Nación Seguros. La Justicia examina si esa decisión benefició de manera indebida a determinados intermediarios privados.
Entre los imputados se encuentra el empresario Héctor Martínez Sosa, identificado como cercano al entonces presidente y esposo de María Cantero, quien fuera su secretaria privada y también figura en el expediente. Uno de los puntos centrales que resta esclarecer es si el esquema causó un daño patrimonial a Nación Seguros y, por extensión, al Estado.
El giro procesal que cambió el escenario
La causa parecía encaminarse hacia un juicio oral cuando la Cámara Federal de Casación intervino y ordenó volver a la etapa de instrucción. Los jueces no descartaron la existencia de delitos ni absolvieron al exmandatario, pero consideraron que restaban medidas de prueba relevantes antes de confirmar el procesamiento.
Con todas las diligencias aún en curso, la definición judicial queda postergada hasta que Lijo evalúe el conjunto de la prueba técnica y testimonial producida en esta nueva etapa.
