El Gobierno nacional prepara un plan para cubrir las 300 vacantes de jueces nacionales y federales antes de que finalice 2026, con sesiones del Senado previstas para tratar entre 20 y 30 pliegos por vez. La primera de esas sesiones está fijada para el 16 de julio, con nuevas audiencias programadas en agosto. Hasta el momento, ya se enviaron cerca de 140 pliegos.

Entre los tribunales prioritarios figuran la Cámara Federal de la Capital y los tribunales orales federales. En ese esquema, el Ejecutivo apuntaría a que el 40% de los postulantes provengan del propio Poder Judicial.

Para la Cámara Federal, el Gobierno debe cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados hace una década durante la gestión de Mauricio Macri. A esas plazas se sumaría una tercera, dado que el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio y debería acogerse a la jubilación al no haberse elevado el pliego para la revalidación de su acuerdo. Entre los nombres que circulan para integrar ese tribunal aparecen Pablo Yadarola —cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques—, el propio Bertuzzi y la fiscal Cecilia Incardona.

También está en marcha un concurso para cubrir tres vacantes en la Cámara de Casación. El presidente de ese tribunal, Diego Barroetaveña, presentó una medida cautelar para habilitar su reelección, que actualmente está vedada por la reglamentación del Consejo de la Magistratura.

El debate sobre el Procurador General

De manera simultánea, el Ejecutivo evalúa limitar el mandato del Procurador General de la Nación, cargo que hoy es vitalicio hasta los 75 años —al igual que el de los jueces— y que permanece vacante desde 2017. En ese período, la función es ejercida de forma interina por el procurador adjunto Eduardo Casal.

Según informó La Nación citando una fuente legislativa, la propuesta consiste en establecer dos mandatos consecutivos, aunque aún no se habría definido su duración: podrían ser de cuatro, cinco o seis años cada uno. La misma fuente recordó un proyecto de la senadora Carolina Moisés que proponía un período de ocho años con opción a cuatro más, y exigía dos tercios de los votos del Senado para la designación.

La discusión adquiere relevancia a partir de la entrada en vigor del sistema acusatorio, que concentra en los fiscales la investigación de los delitos y otorga al Procurador General mayor poder sobre la conducción del Ministerio Público, incluyendo la facultad de instruir a los fiscales sobre el ejercicio de la acción penal.

La Corte Suprema, sin definición

Las dos vacantes que registra la Corte Suprema de Justicia no tienen calendario claro. Fuentes del Congreso señalaron que aún no está resuelto si el presidente Javier Milei avanzará con las designaciones en lo que resta de 2026 o si el tema quedará para 2028.

El último intento del Ejecutivo en ese sentido fracasó: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, enviados en abril de 2025, fueron rechazados por el Poder Legislativo. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se reunió con Milei hace algunos meses para solicitar que los candidatos provengan de la justicia federal y no del ámbito político.

Entre los nombres que se mencionan para ocupar esas vacantes figuran los jueces Mariano Borinsky, Karina Perilli y Agustina Díaz Cordero, además de María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica.