Con la mira puesta en la reelección de Javier Milei, el ala política del oficialismo —encabezada por Karina Milei— trabaja en una estrategia para modificar el sistema de primarias antes de las elecciones presidenciales de 2027. La Casa Rosada confía en que cuenta con el respaldo de 13 gobernadores más el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, aunque reconoce que la eliminación total de las PASO es un objetivo difícil de alcanzar: incluso entre los mandatarios más cercanos al oficialismo existen matices.
El escenario de máxima es eliminar las primarias, tal como lo establece el proyecto enviado al Senado. El de mínima, repetir lo ocurrido en 2025 y suspenderlas para ese ciclo electoral. La opción intermedia sería convertirlas en optativas, tanto para los candidatos como para los votantes.
Las razones del oficialismo
Dentro de La Libertad Avanza enumeran al menos tres argumentos para suprimir las primarias. El primero —reconocido por el propio oficialismo, según la nota de Ámbito Financiero— es estratégico: a mayor número de candidatos en liza, el escenario se vuelve más favorable para los Milei. La lógica que describen apunta a dispersar el voto de otros espacios, en particular de la izquierda, en un sistema sin filtro previo. La referencia histórica que manejan es la primera vuelta de 2003, aunque aclaran que en ese caso Carlos Menem no logró evitar el balotaje.
El segundo argumento es ideológico y se enlaza con el discurso de campaña: el Estado no debería financiar con fondos públicos "los problemas de la política". El tercero es de participación: datos de focus group propios indicarían que los argentinos "no quieren ir a votar" en un año con múltiples instancias electorales —incluidas las elecciones provinciales, que en su mayoría se desdoblarán—, y el oficialismo teme que la baja participación beneficie a fuerzas con electorados más movilizados. Las cifras de ahorro que circulan internamente rondan los 250.000 dólares, aunque la publicación advierte que el número varía según el interlocutor y no precisa la fuente ni la metodología de esa estimación.
La conducción de las negociaciones con los gobernadores recaería sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. La estrategia se desplegará, según la descripción del propio oficialismo, en tres etapas.
La primera será la de recursos y obras: el oficialismo ofrecería transferencias a las provincias a cambio de votos, en un año en que varios gobernadores buscan su propia reelección. La segunda girará en torno a la configuración de las listas: específicamente, si se habilitan o no colectoras en la Boleta Única de Papel, un mecanismo que permitiría a más de una lista de candidatos a legisladores "colgarse" del mismo postulante presidencial. La tercera etapa, que se cerraría ya en 2026, involucra la negociación sobre candidatos concretos.
A diferencia de la estrategia de 2025, cuando el oficialismo apostó al "purismo" —presentar candidatos propios en todos los distritos para acumular bancas y blindar los vetos presidenciales—, el objetivo para 2027 sería diferente: privilegiar la reelección de Milei por sobre la expansión territorial del partido. Eso implica, según reconocen fuentes libertarias citadas por Ámbito, mayor disposición a sellar acuerdos con fuerzas provinciales en lugar de competirles.
Un elemento que atraviesa el cálculo es el horizonte económico: el propio oficialismo reconoce que las inversiones impulsadas por el RIGI recién comenzarían a materializarse en 2030, lo que beneficiaría al gobierno que asuma en 2031. Esa lectura, sostienen, genera un interés alineado entre el gobierno nacional y los gobernadores: ambos prefieren que el ajuste continúe bajo Milei antes de que lleguen esos réditos. La posición de los gobernadores y de la oposición parlamentaria frente a la reforma no quedó recogida en el material disponible.
