La provincia de Buenos Aires estableció un marco obligatorio para el desarrollo, la implementación y el uso de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública. El Decreto 742/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense con las firmas del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno Carlos Bianco, designó a la Subsecretaría de Gobierno Digital como autoridad de aplicación y creó un registro específico para estas tecnologías.
El alcance de la norma comprende a los organismos centrales, descentralizados y autárquicos del Estado provincial. Los municipios podrán adherir de manera voluntaria, según las competencias de cada distrito.
Sin autorización previa, ningún sistema puede operar
Ningún ministerio, ente descentralizado ni organismo autárquico podrá desarrollar, contratar o poner en funcionamiento un sistema de inteligencia artificial sin la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital. El requisito también alcanza a las modificaciones sustanciales de sistemas ya operativos. La Subsecretaría tendrá a su cargo la coordinación, la implementación y el seguimiento del régimen, y deberá definir estándares técnicos, homologar soluciones, evaluar proyectos y elaborar un manual para las contrataciones públicas vinculadas con IA.
Antes de autorizar cualquier herramienta, la administración deberá analizar su impacto sobre los derechos fundamentales, la calidad de los datos usados para entrenar los modelos, los posibles sesgos, las consecuencias laborales, la seguridad de la información, los efectos sociales, jurídicos y económicos, el consumo energético, el impacto ambiental y el nivel de supervisión humana sobre las decisiones automatizadas.
El decreto define a la inteligencia artificial como una "herramienta de asistencia y apoyo" destinada a potenciar las capacidades del personal estatal, no a reemplazar el control humano. El texto también advierte sobre sus "impactos significativos" en la organización del trabajo, las condiciones laborales y los procesos de toma de decisiones.
La norma creó el Registro de Inteligencia Artificial, donde cada organismo deberá inscribir las herramientas que desarrolle o utilice, con sus características, estado, modificaciones y cualquier información relevante para su control. El marco incorpora once principios rectores, entre ellos centralidad de las personas, transparencia, trazabilidad, protección de datos personales, supervisión humana, prevención de sesgos algorítmicos y soberanía tecnológica. El decreto también habilita la conformación de un consejo asesor interdisciplinario y multisectorial cuyos integrantes ejercerán sus funciones ad honorem.
La provincia impulsará, además, el desarrollo de capacidades propias para reducir la dependencia de proveedores externos y promoverá la formación continua del personal.
En paralelo al decreto del Ejecutivo, la diputada provincial Silvina Nardini presentó un proyecto de ley para crear un régimen específico sobre el uso de IA en la administración pública. La iniciativa, que cobró impulso tras denuncias por la manipulación y difusión digital de imágenes íntimas de estudiantes, propone un registro provincial de sistemas de uso público, auditorías técnicas periódicas y capacitaciones obligatorias para agentes estatales.
El proyecto de Nardini establece que ninguna resolución final podrá quedar exclusivamente en manos de un algoritmo: cada decisión deberá contar con validación humana. La coexistencia de un decreto ejecutivo ya vigente y una iniciativa legislativa en trámite deja abierta la pregunta sobre qué marco prevalecerá en la regulación definitiva de la materia.
