El procurador general interino Eduardo Casal le solicitó al Poder Ejecutivo el dictado de un decreto de necesidad y urgencia para garantizar que los fiscales puedan continuar interviniendo en causas de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se completa el proceso de transferencia de competencias a la órbita porteña. El pedido, que apunta a subsanar las consecuencias del fallo "Levinas", fue revelado este martes por el propio Casal ante la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal.
Casal advirtió que, sin una solución normativa, la intervención del Ministerio Público Fiscal en esas causas queda en riesgo. "Tenemos una responsabilidad fundamental de hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción", afirmó, y anticipó que, mientras la situación no se resuelva, "la Procuración continuará interponiendo los recursos correspondientes". El borrador del DNU se encuentra actualmente bajo análisis del Ministerio de Justicia, según precisó.
La reunión, presidida por el diputado Sebastián Galmarini (Unión por la Patria), sirvió también como marco para el informe anual de gestión del organismo. Junto a Casal expusieron los secretarios Juan Manuel Casanovas —a cargo del área Técnica y Disciplinaria— y Juan Manuel Olima Espel —responsable de Coordinación Institucional—, quienes desarrollaron el balance del ejercicio y respondieron consultas de los legisladores.
Presupuesto, modernización y reforma procesal
Olima Espel alertó sobre el deterioro presupuestario del organismo: los recursos crecieron muy por debajo de la inflación y acumulan una pérdida del 47% en los últimos dos años. Pese a ese escenario, detalló avances en digitalización de expedientes, implementación de un sistema único de gestión para causas penales y no penales, y la puesta en marcha de un programa para regular el uso de inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal. También mencionó la aprobación de un protocolo regional sobre protección de fiscales en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la creación del Sistema Federal de Recupero de Activos (SIFRAI) y la participación de la Procuración en evaluaciones de la OCDE y del GAFI —proceso que, según informó, contribuyó a que la Argentina saliera de la lista gris de ese organismo por primera vez desde 2001.
Casanovas se refirió al impacto del nuevo Código Procesal Penal Federal, vigente ya en 13 distritos judiciales que abarcan 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Describió el sistema acusatorio como "una transformación institucional de gran magnitud" que exige redistribuir recursos humanos y traspasar personal desde los juzgados hacia las fiscalías. Cerró su intervención pidiendo al Congreso que, en la discusión del próximo Presupuesto, se contemplen los recursos necesarios para sostener el funcionamiento del organismo.
El Informe de Gestión 2025 consigna que durante el período analizado ingresaron 1.282 expedientes al área de dictámenes y se emitieron 1.509 dictámenes en total, un nivel similar al del ejercicio anterior y superior al de 2023, 2021 y 2020, aunque inferior al máximo registrado en 2022.
