La administración de Donald Trump anunció el 23 de julio de 2026 un nuevo esquema arancelario que alcanzará a 60 socios comerciales —entre ellos la Argentina— con tasas de entre el 10% y el 12,5% sobre las importaciones que ingresen a Estados Unidos. Los gravámenes entran en vigor desde las 12:01 del viernes, exactamente cuando vencen los aranceles transitorios del 10% que el gobierno había aplicado como solución provisoria tras un fallo adverso de la Corte Suprema.
El argumento oficial es que los países alcanzados no adoptaron ni aplicaron de manera efectiva prohibiciones sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. La diferencia de tasas refleja esa distinción: los países que cuentan con leyes o compromisos en esa materia quedarán sujetos al 10%; los que, según Washington, carecen de esas normas, pagarán el 12,5%.
El recorrido legal: de la IEEPA a la Sección 301
El nuevo esquema cierra un ciclo legal que comenzó con la derrota judicial del gobierno. La Corte Suprema determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 —la norma que Trump usó en su primer paquete arancelario de gran escala— no autorizaba al presidente a imponer esos gravámenes. El fallo, además, obligó al gobierno a devolver fondos a importadores que ya habían pagado. Como respuesta de emergencia, la administración recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aranceles globales pero solo por un máximo de 150 días; ese plazo vence este viernes.
Ahora Trump apela a la Sección 301 de esa misma ley, una herramienta que habilita gravámenes y sanciones contra países acusados de prácticas comerciales "injustificables", "irrazonables" o "discriminatorias". Es la misma norma que utilizó para imponer aranceles a China durante su primer mandato, y que sobrevivió a las impugnaciones judiciales de aquel momento. La investigación previa incluyó dos rondas de audiencias públicas y más de 2.100 comentarios. Según un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato, algunos países ajustaron sus políticas durante ese período y consiguieron quedar en la tasa más baja: India, por ejemplo, figuraba inicialmente en el 12,5% y finalmente quedó en el 10%.
El representante comercial Jamieson Greer defendió la medida en términos de equidad laboral: "Estados Unidos tiene desde hace casi un siglo una prohibición de importaciones vinculadas al trabajo forzoso y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo". Greer también afirmó que la medida "empezará a corregir lo que es a la vez un abuso de derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora".
La situación de la Argentina y la incógnita de los 1.675 productos
La Argentina quedó en el grupo con la tasa más baja, el 10%. La justificación oficial, según las fuentes disponibles, es que el país cuenta con normativas contra el trabajo forzoso y con el acuerdo recíproco de comercio e inversión firmado en febrero por Greer y el canciller Pablo Quirno. Fuentes del Gobierno argentino destacaron esa ubicación, aunque precisaron que esperaban la publicación formal de la Oficina del Representante Comercial (USTR) para determinar cómo se instrumentará el nuevo régimen.
La principal incógnita para Buenos Aires es qué ocurrirá con los 1.675 productos argentinos a los que Estados Unidos había eliminado los aranceles en el marco de ese acuerdo bilateral. No quedó claro al cierre de las fuentes disponibles si esos bienes quedarán exceptuados del nuevo esquema o si pasarán a tributar el 10%. El gobierno aguarda los detalles operativos de la USTR para determinarlo.
El nuevo régimen contempla excepciones para determinadas importaciones de alimentos, productos agrícolas, fertilizantes y bienes energéticos. También quedan fuera los artículos que ya pagan gravámenes específicos por razones de seguridad nacional —acero, aluminio, automóviles y sus componentes— y los productos que califican para el estatus libre de aranceles bajo el T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Alcance global y escepticismo sobre el argumento
Los 60 países alcanzados concentran cerca del 99% de las importaciones estadounidenses. La lista incluye a grandes socios como Japón, Corea del Sur, Canadá, India, México, el Reino Unido y los países de la Unión Europea, además de economías como Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka, entre otros. El nuevo esquema se suma al arancel del 25% ya aplicado a numerosos productos brasileños y a una tasa del 50% sobre parte de las importaciones canadienses, y se superpone con una investigación abierta contra 16 países por presunta sobreproducción, que todavía no concluyó.
Los aranceles los pagan las empresas estadounidenses que importan los productos; habitualmente intentan trasladar el costo a los consumidores vía precios más altos. La medida llega en un contexto en que los estadounidenses ya expresan frustración por el costo de vida elevado, y se implementa antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.
Observadores de derechos humanos consultados por medios internacionales expresaron posiciones matizadas. Martina Vandenberg, fundadora de The Human Trafficking Legal Center, reconoció que los aranceles pueden ser "una herramienta potencialmente eficaz" contra el trabajo forzoso, pero advirtió que "las prohibiciones de importación sean simples hojas de papel sin aplicación" si los países no tienen tiempo suficiente para construir mecanismos de cumplimiento. Isabelle Glimcher, investigadora del NYU Stern Center for Human Rights, señaló como una falla del esquema que los aranceles se aplican en función de los bienes que los países importan, no de los que producen internamente, aunque reconoció que la amenaza de las medidas ya impulsó a varios países a modificar sus políticas. Kenya Davis, socia del estudio Boies Schiller Flexner, advirtió que sin un "enfoque integral" que aporte transparencia sobre las investigaciones y programas de asistencia, su entusiasmo por los aranceles es "muy cauteloso".
Lo que queda abierto es si la Sección 301 resistirá eventuales impugnaciones judiciales —aunque su historial en la disputa con China sugiere que lo haría— y cómo resolverá el gobierno argentino la situación de los productos que habían quedado libres de aranceles bajo el acuerdo bilateral de febrero.
