Mahmoud Khalil, el activista pro-Palestina que lleva meses enfrentando procedimientos de deportación en Estados Unidos, presentó el martes una demanda civil en el tribunal federal de distrito de Manhattan en la que alega una conspiración coordinada entre funcionarios del gobierno de Donald Trump y tres organizaciones privadas para identificarlo, detenerlo y expulsarlo del país.
La demanda apunta como demandados a la Heritage Foundation, al movimiento juvenil sionista de derecha Betar, al sitio de monitoreo Canary Mission, y a varios funcionarios de alto rango: el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, el secretario de Estado Marco Rubio, las secretarias de Seguridad Interior —actual y anterior— Markwayne Mullin y Kristi Noem, y el fiscal general interino Todd Blanche. La acción judicial busca daños económicos y pide además que se prohíba utilizar cualquier aspecto de la supuesta conspiración para justificar los procedimientos de deportación en curso.
Este caso va mucho más allá de lo que me hicieron a mí. Se trata de exponer la red de organizaciones, actores políticos e instituciones que trabajan juntos para criminalizar la solidaridad con Palestina.
Según el escrito presentado por el equipo legal de Khalil, la Heritage Foundation diseñó un plan denominado "Project Esther" orientado a desmantelar el movimiento pro-Palestina en Estados Unidos mediante la identificación de no ciudadanos prominentes y la equiparación de la defensa de los derechos palestinos con el antisemitismo. La demanda señala que la fundación se apoyó en grupos como Betar y Canary Mission —que según la presentación realizó vigilancia anónima de activistas durante años— para determinar a quiénes atacar. La demanda también señala el vínculo previo de Miller con la Heritage Foundation antes de que Trump asumiera su segundo mandato en enero de 2025.
El historial del caso
Khalil, titular de una green card y exactivista estudiantil en la Universidad de Columbia, fue arrestado el 8 de marzo de 2025 por agentes federales y permaneció detenido 104 días en un centro de detención de inmigración en Louisiana. Desde entonces, su equipo legal libra una batalla simultánea en la justicia federal y en la corte de inmigración.
Un juez federal en Nueva Jersey ordenó su liberación en junio de 2025, pero el gobierno de Trump apeló con éxito y logró que se rechazara la jurisdicción de ese tribunal sobre el caso. Un juez federal emitió posteriormente una medida cautelar que impide al gobierno detener o deportar a Khalil mientras los procedimientos legales continúan; se espera que el caso llegue eventualmente a la Corte Suprema.
En paralelo, el equipo de Khalil presentó evidencia ante la corte de apelaciones de inmigración que sugiere que los procedimientos en ese fuero fueron acelerados de manera atípica, y solicitó que el caso sea revisado.
Ante la nueva demanda, la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson respondió con una declaración en la que insistió en la acusación de que Khalil habría falseado información en su solicitud migratoria al no declarar un supuesto trabajo previo con la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA). "Quienes mienten al gobierno para obtener el ingreso a los Estados Unidos enfrentarán la justicia", dijo Jackson.
El equipo de Khalil rechazó esa versión. A su vez, UNRWA afirmó que Khalil nunca estuvo en su nómina salarial y que su vínculo con la agencia se limitó a una breve pasantía.
"Este caso va mucho más allá de lo que me hicieron a mí", dijo Khalil en una conferencia de prensa frente al tribunal el martes. "Se trata de exponer la red de organizaciones, actores políticos e instituciones que trabajan juntos para criminalizar la solidaridad con Palestina", agregó.
Baher Azmy, director legal del Center for Constitutional Rights y uno de los abogados de Khalil, describió lo ocurrido como "una alianza público-privada para señalar a estudiantes no ciudadanos vulnerables a las leyes de inmigración" e invocó la Ley del Ku Klux Klan de 1871, que tipifica como delito federal la privación de derechos constitucionales. "Este caso trata sobre la coalición del gobierno de los Estados Unidos para usar el poder represivo del Estado de manera ilegal", sostuvo Azmy.
