Las familias de cinco jóvenes venezolanos asesinados presentaron una demanda civil contra Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Brooklyn, en la que alegan que el exmandatario ordenó sus ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón sistemático de violencia estatal.

El escrito de 44 páginas sostiene que Maduro instruyó a las Fuerzas de Acción Especial (FAES), una unidad de seguridad de élite, para llevar a cabo los asesinatos entre 2017 y 2020. Según la demanda, las víctimas integran una lista más amplia de personas que habrían muerto a manos de esa y otras unidades durante su gestión. Las FAES fueron disueltas en 2021 tras reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluidas las formuladas por Naciones Unidas.

El documento describe un modus operandi recurrente: agentes vestidos de negro y con el rostro cubierto llegaban de madrugada a los barrios de las víctimas, las separaban de sus familias y las ejecutaban. Posteriormente, según la demanda, los funcionarios construían versiones oficiales en las que las víctimas habrían "resistido a la autoridad".

"Maduro utilizó las FAES como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir violentamente la disidencia, aterrorizar a los barrios de bajos ingresos y eliminar a la oposición política", señala el texto de la demanda.

Las familias demandantes mantienen sus identidades en reserva por razones de seguridad. La acción legal se enmarca en la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura de Estados Unidos y reclama una indemnización económica a Maduro. La demanda también sostiene que la falta de independencia del poder judicial venezolano impidió que se determinaran responsabilidades en el ámbito local.

Maduro se encuentra actualmente detenido en una prisión de Nueva York, donde aguarda juicio por cargos penales federales que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y cargos vinculados a la posesión de armamento. Se declaró no culpable de los cuatro cargos imputados. En ese proceso, en el que también está acusada su esposa Cilia Flores, Maduro se identificó como prisionero de guerra.

En la causa civil, se anticipa que la defensa intentará invocar la inmunidad de jefe de Estado, aunque Maduro fue apartado del poder en enero pasado tras una operación del Ejército estadounidense en Venezuela, luego de haber ejercido la presidencia desde 2013.