La publicación de los pliegos para licitar las tres líneas de trenes de carga —Belgrano Cargas, Urquiza y San Martín— es "inminente", según aseguran desde el oficialismo. Los documentos fueron revisados durante meses en colaboración con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que aprobaron otorgar prefactibilidad a los inversores: es decir, presentarse como dadores de financiamiento para quienes quieran quedarse con las líneas y realizar las inversiones necesarias.
La licitación se estructuraría en dos etapas. La primera contempla la concesión de las vías por 50 años, con la venta de parte del material rodante como opción. La segunda incluiría la venta de los talleres con el resto del material rodante. Las ofertas no reportarán ingresos al Tesoro, sino una reducción del gasto: los interesados deberán presentar una propuesta de tarifas y un plan de obras obligatorias —entre ellas la reparación de la circunvalación de Rosario— además de obras adicionales que sumarán puntos en la evaluación.
Uno de los puntos que retrasó el proceso fue el reclamo de mayor seguridad jurídica por parte de los potenciales inversores, en particular respecto de la velocidad y los antecedentes de la justicia local. Las revisiones apuntaron a reforzar los contratos en ese sentido. La posibilidad de incluir una cláusula para litigar ante el CIADI —el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, bajo la órbita del Banco Mundial— tiene "poco quórum", según fuentes oficiales, que argumentan que los inversores ya pueden recurrir a ese tribunal desde sus propias estructuras legales, por lo que no sería necesario incorporarlo como primera instancia en las bases de licitación.
Hasta ahora hay cuatro interesados identificados: dos locales y dos internacionales. En el plano externo, uno de ellos es el Grupo México, con antecedentes en gestión de líneas ferroviarias. En el local, participan un pool de agroexportadoras —con interés también en la línea Belgrano por su utilidad para la minería— y el Grupo Roggio, con experiencia en el sector de la construcción. El Gobierno aspiraba además a sumar fondos de inversión con capacidad de financiar obras; desde el oficialismo aseguran que ya hubo primeros acercamientos en esa dirección. La cesión de las líneas se haría con los trabajadores incluidos, y se espera que las obras y el mayor uso de las vías deriven en nuevas contrataciones.
Energía y agua
El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la venta de centrales térmicas al anunciar el Programa Financiero 2026-2027. Las primeras en salir a oferta serían las centrales Belgrano y San Martín, activos de Enarsa, la empresa energética estatal, y el Gobierno prevé concretarlo este año.
También está en marcha la venta del 90% de AySA, la empresa de agua y saneamiento. El proceso salió a oferta sin precio base. La explicación oficial apela a un antecedente reciente: en la concesión de las represas del Comahue —donde el compromiso de inversión trepó a 1.500 millones de dólares— no se registraron "ofertas carroñeras", y estiman que lo mismo ocurrirá con AySA, dado que la concesión viene atada a un compromiso de inversión de 5.000 millones de dólares en 20 años para la puesta a punto y extensión de la red. La empresa acumula interesados, muchos del sector de la construcción y del plano local, aunque la publicación no precisa nombres.
El traspié de Intercargo y la polémica por las tasaciones
El proceso no está exento de contratiempos. La venta de Intercargo, la empresa de rampa aeroportuaria, se declaró desierta y el Gobierno analiza alternativas. "El Congreso permitió disponer de la compañía", sostienen desde despachos oficiales, aunque reconocen que existen límites y que todo está bajo análisis. En el ínterin, comenzaron las cesiones para que los aeropuertos puedan operar las mangas —una posibilidad que ya estaba contemplada en las concesiones originales de hace 30 años, pero que estaba bajo control de Intercargo— con la condición de que los operadores inviertan en esa infraestructura.
En las últimas semanas también surgieron cuestionamientos sobre las tasaciones de las empresas privatizadas, en particular por los precios considerados bajos y por la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en lugar del Tribunal de Tasaciones. La respuesta oficial es que el Tribunal está orientado a tasar activos fijos —como los edificios y terrenos que gestiona la Agencia de Administración de Bienes del Estado— y no tiene capacidad para valuar empresas en funcionamiento con flujo de fondos, de ahí la intervención del BICE. Respecto de los precios base, el Gobierno descartó que fueran inferiores a valores de mercado: en el caso de Intercargo, la lógica sería la apertura a la competencia y la necesidad de reestructuración de la empresa; en el de Transener, el precio respondió a que lo vendido fue la mitad de la compañía controlante, Citelec, cuyo accionista de mayor peso hoy es Pampa Energía.
