El Gobierno incluyó en un borrador de desregulaciones la derogación de la Ley 25.542, que establece el precio uniforme de venta al público de los libros. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte de un texto de 144 páginas que propone modificar normas de distintos sectores de la economía. Todavía no ingresó al Congreso, pero ya generó una reacción del sector editorial.

La Cámara Argentina del Libro (CAL) salió a defender el sistema vigente y advirtió que la eliminación del precio único puede favorecer la concentración del mercado y afectar a las librerías independientes y a las pequeñas editoriales. Su presidente, Juan Manuel Pampín, fue categórico al señalar que ningún actor de la cadena del libro solicitó el cambio: "Es válido aclarar que ninguno de los sectores de nuestro ecosistema pidió ningún tipo de modificación, ni las librerías, ya sea pequeñas o grandes, ni las editoriales pequeñas o grandes, ni los autores", declaró a BAE Negocios.

Pampín también subrayó el origen consensuado de la ley que el Gobierno busca derogar: "Esta ley nació por propuesta y apellido del propio sector editorial librero argentino, y nació por consenso nuestro. Todos entendemos que esta ley es virtuosa".

El argumento del Gobierno y la réplica del sector

La propuesta oficial sostiene que eliminar la regulación permitiría que los comercios fijen libremente sus precios y apliquen descuentos, lo que aumentaría la competencia entre vendedores. Desde la CAL, en cambio, advierten que esa lógica beneficia principalmente a las grandes cadenas y plataformas, que pueden sostener descuentos prolongados que una librería independiente no puede igualar.

Pampín reconoció que en el corto o mediano plazo "los libros seguramente tiendan a bajar un poco de precio", pero advirtió que con el tiempo "van a volver a aumentar". Para respaldarlo, citó la experiencia de países que adoptaron modelos similares: "Esto es lo que nosotros estuvimos viendo que sucede en otros países con modelos similares, como puede ser el de México, por ejemplo, o el de Ecuador o el de Perú".

El titular de la CAL también rechazó que la competencia en el sector deba reducirse al precio: "Se puede competir por servicios, se puede competir por recomendación, se puede competir por otro tipo de cosas, y no solamente depender del algoritmo de una plataforma que lo maneja caprichosamente".

En términos más amplios, Pampín defendió que la legislación vigente contribuyó al desarrollo de la industria editorial argentina y a su posicionamiento regional: "Argentina, en los últimos 30 o 40 años, realmente fue un faro para toda la edición latinoamericana", afirmó, y agregó que eso "tiene mucho que ver con toda esta legislación que hoy está". Sobre el efecto de la eventual derogación, advirtió que al sector "le va a producir un daño que seguramente cueste mucho tiempo en reparar".

La CAL no fue consultada durante la elaboración del proyecto. Pampín reveló que la entidad "no fue convocada en 2023 y no fue convocada ahora", y que están "pidiendo todo tipo de reuniones con diputados, senadores, ministros y secretarios" para exponer su posición. El Gobierno no convocó formalmente a la Cámara en ninguna instancia del proceso, según precisó Pampín a BAE Negocios.

La posible derogación de la Ley 25.542 se suma a otros cambios contemplados en el paquete de desregulaciones, que también alcanzaría al corretaje inmobiliario, la venta de medicamentos, el mercado de gas en garrafas, la navegación y distintas actividades vinculadas con el campo. El debate legislativo formal todavía no comenzó: el proyecto debe ingresar al Congreso antes de que cualquiera de esas modificaciones pueda avanzar.