El Juzgado Federal de La Plata decretó el secreto de sumario en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a la muerte de 90 pacientes que recibieron el anestésico adulterado durante 2026 e inicios de este año. La medida fue dispuesta por el juez federal Ernesto Kreplak a pedido de la fiscal María Laura Roteta, con el objetivo de resguardar nuevas diligencias de prueba mientras la investigación amplía su alcance hacia los organismos estatales de control.
El expediente cuenta ya con 13 personas procesadas —directivos y responsables de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, señalados por la producción del medicamento contaminado— y ahora enfoca su pesquisa en el rol que habrían tenido funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos con competencia para fiscalizar la calidad de los medicamentos elaborados y comercializados en el país.
La fiscal Roteta cuestionó, en dictámenes incorporados al expediente, la actuación de ambos organismos. Consideró insuficiente la información aportada durante la investigación y advirtió sobre demoras y deficiencias en la respuesta institucional frente al retiro del fármaco del circuito sanitario. Uno de los señalamientos más graves que recoge la causa es que fue el propio juzgado —y no la ANMAT— el que coordinó el recupero de las ampollas contaminadas distribuidas en hospitales, clínicas y droguerías de distintas provincias.
El expediente incorpora también observaciones del juez Kreplak sobre inspecciones realizadas en los laboratorios investigados. Se mencionan áreas de producción no habilitadas, fallas en la documentación, deficiencias en los controles de calidad y problemas en la trazabilidad de los medicamentos.
De acuerdo con la resolución judicial, si bien la ANMAT dispuso restricciones sobre determinadas áreas y lotes de producción, no quedaron acreditadas en el expediente verificaciones posteriores que confirmaran la corrección de esas irregularidades antes de que el episodio se tornara público.
La investigación también examina el accionar de las autoridades que estuvieron al frente de los organismos de control durante el período bajo análisis. Entre ellas figuran exresponsables del INAME y de la ANMAT, cuyos desempeños serán evaluados a partir de las nuevas medidas probatorias solicitadas por la fiscalía. La causa también analiza la posibilidad de una eventual connivencia entre funcionarios y los responsables de los laboratorios involucrados, aunque ese extremo está en etapa de investigación y no ha sido establecido judicialmente.
Con el secreto de sumario vigente, la Justicia busca preservar la incorporación de pruebas y evitar interferencias mientras avanza sobre las posibles responsabilidades administrativas y penales de quienes debían supervisar el cumplimiento de las normas de fabricación de medicamentos.
