La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzará a tratar este miércoles el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece un régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, conocido como "ley antibarrabravas". La presidente de la comisión, Laura Rodríguez Machado, convocó a la reunión para las 12, con la presencia esperada de funcionarios del Ministerio de Seguridad para exponer los detalles de la iniciativa.
El proyecto, que modifica el Código Penal, fue diseñado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Su eje central es la creación de un tipo especial de asociación ilícita para las organizaciones vinculadas a la violencia deportiva, con penas más severas que las vigentes.
Las penas previstas
La iniciativa contempla un abanico de sanciones según la gravedad de la conducta. Para quienes dañen bienes muebles o inmuebles en un espectáculo deportivo, se prevén penas de entre uno y cuatro años de prisión. Quien porte armas blancas, piedras, botellas u otros objetos contundentes en ese contexto podría recibir entre tres años y seis meses y seis años de cárcel.
Las penas se elevan para conductas de mayor riesgo: entre cuatro y ocho años para quien introduzca, guarde o porte elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos, y entre cuatro y diez años en caso de armas de fuego o artefactos explosivos. También se penaliza con entre dos y seis años la distribución ilegal y la reventa irregular de entradas, y se prevén sanciones cuando dos o más personas provoquen la suspensión de un partido mediante el uso de la violencia.
Dirigentes de clubes, también alcanzados
El proyecto extiende la responsabilidad penal a los dirigentes de clubes que colaboren o mantengan vínculos con barrabravas. Entre las conductas investigables se mencionan la entrega de entradas o la existencia de relaciones económicas irregulares con grupos de barras. Las penas para estos casos alcanzan hasta seis años de prisión.
En los fundamentos del texto, el Ejecutivo sostiene que las organizaciones ligadas a la violencia deportiva "no solo desarrollan su accionar con motivo o en ocasión de espectáculos deportivos específicos", sino que también pueden actuar fuera de ese contexto "si sus intereses económicos se ven en peligro". El proyecto menciona además agresiones a hinchas "por el solo hecho de ser simpatizantes" de determinados equipos.
El Gobierno señala que el objetivo central de la iniciativa es "erradicar la violencia ligada al deporte en sus diversas facetas, incluyendo delitos de odio, crimen organizado y comportamientos que obstaculicen el disfrute pacífico del espectáculo".
La reunión de este miércoles es el primer paso del proceso legislativo; el proyecto deberá obtener dictamen en comisión antes de poder ser debatido en el recinto.
